La unica y verdadera




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El compromiso de combatir la corrupción

Adolfo Aguilar Zinzer
Libro: Los comportamientos con la nación, Editorial Plaza & Janés, México, D.F.


A don Antonio López de Santa Anna sus contemporáneos lo apodaban “El quince uñas”; él prefería, en cambio, que lo llamaran Su Alteza Serenísima. Al dictador no le alcanzaban ni las manos, ni los dedos, ni las uñas, ni las horas del día, ni el tamaño del tesoro nacional para saciar su voracidad. A don Antonio le da por llevarse, descaradamente o por medio de subterfugios, para sus parientes o por las malas, para sí o sus cortesanos, para sus parientes y sus amigos, y con mucho esmero también para sus galanas, lo que no era suyo, lo que le gustaba, lo que quería regalar.

Don Antonio no escondía su concupiscencia, ni se avergonzaba de su afición por los bienes públicos y los haberes ajenos. Todo lo contrario: se ufanaba de ello, lo hacía con desfachatez y buen humor, con audacia y picardía. El pueblo tampoco se lo reprochaba, más bien lo festinaba; hacía de ello burlonamente una leyenda, un regocijante tema de tertulia. Hasta sus víctimas aceptaban con resignación el atraco e incluso se avenían a compartir su patrimonio con el opresor. Don Antonio era un tirano que jugueteaba todo el tiempo con su pueblo. Robaba y dejaba robar, siempre y cuando, claro está, a él le tocara una tajada. Le encantaban las multitudes, los bailes y las francachelas; lo mismo se aposentaba en los refulgentes y perfumados salones de la elegante sociedad que en los sombríos y hediondos burdeles donde sin pudor, sin pedantería, populacheramente, el presidente se entregaba al desenfreno. Entre sus mayores aficiones estaba el azar, las peleas de gallos, los naipes. Era un apostador compulsivo y habituado a ganar, honraba sus deudas y juego. Tal vez la gente no lo quería; de hecho sus amigos y beneficiados, aún más que sus rivales, conspiraban incesantemente contra él. No obstante, el pueblo lo festejaba y, más que tolerarlo, compartía con él sus inclinaciones libertinas, sus desenfados para timar y sorprender al prójima, su sensualidad brutal y grotesca, su ansía de tomar ventaja de los puestos públicos, el púlpito y los rangos militares: su cinismo para burlar y engañar.

En aquel México recién emancipado del tutelaje colonial, todo era provisional e incierto. La sociedad no sabía muy bien qué hacer con su independencia, con su gobierno y sus tesoros; la de México era una gente desorganizada y dispendiosa, ebria y trasnochada por los jalones y sobresaltos de constantes guerras civiles, a sonadas y levantamientos de jefecillos militares, de próceres y caudillos instantáneos. La caída de la producción y el comercio, la pérdida de la opulencia colonial y el asedio a la integridad por el ensoberbecido y vecino del norte dejaron sin rumbo ni fe en si mismo a los mexicanos. El Santannismo era un pueblo sin entusiasmo por su nación, sin muchas ganas de edificar su futuro. Aquel México – tan parecido al del Salinismo y el Zedillismo, tan similar al México perdido, devaluado y quejumbroso que tenemos ahora – se desorientó de tal manera que echo por la borda oportunidades excepcionales de construir una nación fuerte y desperdició un tiempo precioso. La sociedad sobre la cual gobernaba Santa Anna no supo – o no pudo – encontrar otro motivo de vinculación con el estado ni otra relación con sus gobernantes y con sus líderes que no fuera la corrupción, el relajo, el chisme, el rumor, la conjura, la sedición. Los mexicanos de aquel entonces, como ahora nos ocurre a los de ahora, se dejaron llevar por la desilusión, por el desengaño y la resignación.

En esos años extraviados y pintorescos que van desde la caída de Iturbide hasta el último día de la dictadura de don Antonio – jocosamente relajados por Leopoldo Zamora Plaws en su historia novelada de la dictadura de Santa Anna –, México sucumbió a las extravagancias de sus caudillos y a la crueldad de los caciques; estuvo a punto del desmoronamiento y dejó que los estadounidenses, súbitamente transformados en imperio, pararan sobre él, le arrebataron parte de sus espacios físicos y geopolíticos vitales y lo redujeran, de ahí en adelante, a la triste condición de “patio trasero”.

Don Antonio López de Santa Anna era sin lugar a dudas un gran corrupto; sin embargo, la sociedad mexicana, asentada en la fangosa mezcla de dos culturas con densidad muy distinta, que juntas no llegaban a cuajar, tenían en su ser y en su entraña todos los antecedentes culturales patrimoniales de la colonia, todos los hábitos, los valores y los estímulos y hasta las instituciones formales e informales con los cuales nutrir el hambre santannisma de corrupción.

La corrupción tiene en México un continuo histórico, un hilo conductor que viene de muy atrás, de los vestigios combinados de nuestra civilización india, mestiza y criolla. Se manifestaba de múltiples maneras, unas ominosas y otras benignas; está en los actos más ruines de nuestros gobernantes y en los gestos más solidarios de la sociedad; el abuso del poder para fines de lucro, el tráfico de influencias, la “transa”, se manifiesta en la ambición y soberbia de las autoridades, lo mismo que en la camaradería de los compadres y la solidaridad de los parientes; forma parte de las grandes decisiones públicas y también de las infinitas transacciones privadas.

En todo el mundo hay algo de corrupción, poco en sociedades resguardadas por instituciones políticas democráticas y responsables, donde están en vigor estrictos regímenes jurídicos de observancia generales, y mucha en órdenes prejurídicos y antidemocráticos como el nuestro.

En la muy rica y diversa experiencia política internacional, el autoritarismo y la concentración desmedida del poder no han sido, por definición y en todos los casos, sinónimo de impunidad y corrupción. En otras culturas con otros antecedentes y otras motivaciones, el autoritarismo dictatorial ha sido generalmente causa de la cancelación de libertades civiles, de violaciones graves, criminales y sin temáticas a los derechos humanos, pero no necesariamente de corrupción gubernamental, entendida hasta en su acepción más general como el hecho de anteponer el ejercicio de las funciones públicas, las relaciones personales, los intereses individuales, familiares, de clan o de grupo.

En el caso de México, sí existe una relación muy estrecha entre el autoritarismo y la corrupción, entre la falta de a su democracia y la deshonestidad gubernamental. En efecto, el régimen presidencialista posrevolucionarios configuró sus mecanismos de poder y autoridad de tal manera que la corrupción pasó a ser, quizá la más valiosa y perversa herramienta de la gobernabilidad. Por ello la experiencia política mexicana arroja una curiosa y muy reveladora relación de proporción inversa entre represión y corrupción.
La corrupción – manifiesta en sobornos directos e indirectos, en la cooptación, en los programas de inversión y dádivas públicas, en el ofrecimiento de canonjías, concesiones, plazas, cargos y privilegios – sustituyó con gran eficacia a la represión como mecanismo de control político y como arma para neutralizar a grupos sociales y a muchos detractores y adversarios del régimen. Se reprime no a quien ofende, contraviene o conjura contra el gobernante, sino a quien no se deja sobornar, a quien no tiene precio.
Esa fluidez política de la corrupción es lo que hace ya cerca de veinte años, y por cierto con muy mala leche, Alan Riding llamó en sus Vecinos distantes, el "aceite y pegamento" del sistema político mexicano. Gracias al uso, a la diseminación y al fomento indiscriminado, audaz, imaginativo y muy hábil de la corrupción, el régimen pudo incumplir en mayor o menor medida prácticamente todas sus ofertas revolucionarias, y al mismo tiempo logró eludir las consecuencias políticas de ese incumplimiento. El régimen logró, en efecto, con el uso selectivo y ejemplar de la fuerza, reprimir relativamente poco; y con el abuso indiscriminado y absolutamente discrecional del tesoro público, corromper mucho y conservar el poder, disgregar a sus oponentes, diluir la inconformidad y contener las demandas sociales. Debido precisamente a su inmenso valor político y a su muy extensa base de sustentación cultural y social, la corrupción adquirió en México un carácter sistémico; es decir, se encarnó, por propio derecho y su propia lógica, en la estructura institucional del Estado, en su andamiaje jurídico y en la esencia misma de las funciones públicas.
Del valor político de la corrupción y de su papel como generador del poder corporativo y reproductor del poder político, se desprenden la trascendencia que tiene la jerarquía que deberá tener la reforma política del país. Cambiar de régimen significa, necesaria e ineludiblemente, erradicar al menos esas dimensiones político-corporativas de la corrupción mexicana. Sin ello, cualquier cambio, hasta el más aparentemente espectacular, será cosmético. Democratizar al país supone, por tanto, dar al traste con la impunidad que se hermana de la corrupción.


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